Pronunciamiento conjunto

En todo el país, agendas compartidas e independientes convergerán en el paro del 21 de noviembre. Las movilizaciones responden a la amplia frustración hacia la respuesta del gobierno a las masacres contra líderes, sociales, indígenas, campesinos, mujeres rurales y sus comunidades, reformas laborales y pensionales, protestas estudiantiles, corrupción, y la recalcitrante implementación del acuerdo de paz del 2016.

Más de 40 sindicatos con más de un millón de miembros en total agendaron un paro nacional para el 21 de noviembre. A su lado marcharan Defendamos la Paz, los movimientos estudiantiles y de mujeres, liderazgos indígenas y afrocolombianos, y organizaciones ambientalistas. Las reformas laborales y pensionales protestadas hacen parte de un paquete de reformas, que incluye la privatización del fondo de pensiones Colombiano, los contratos por hora, y un salario menor que el mínimo establecido para jóvenes menores de 25 años. Estas reformas son una descarada afrenta a los últimos diez años de esfuerzos de parte de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, y otros para mejorar las condiciones laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores en Colombia. Al hacer estos cambios la administración de Duque condenando el Plan Laboral entre Colombia y Estados Unidos, el cual se acordó después de que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fuera detenido por el congreso de los Estados Unidos debido a las flagrantes violaciones de derechos laborales, muchas de las cuales persisten hoy en día.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) se sumó al paro después de sufrir múltiples masacres y más de 115 asesinatos de indígenas en el 2019. Los estudiantes siguen protestando después de tres meses por falta de fondos, corrupción, y el incumpliendo de los acuerdos firmados el año pasado como resultado de protestas anteriores. Los liderazgos afrocolombianos protestan la anticuada respuesta estatal a la creciente inseguridad, produciendo un incremento en el desplazamiento y vulneración de sus comunidades. Los esfuerzos del gobierno de Duque para socavar el sistema de justicia transicional del acuerdo de paz son un impedimento a la paz, la reconciliación, la verdad, el derecho de las víctimas, y la no repetición.

Aquellos que marcharon por la vida de los líderes sociales el 26 de julio también lo harán hoy. La renuncia del ministro de defensa de Duque después de la matanza de 18 niños en un bombardeo del ejército colombiano no fue suficiente para apaciguar la indignación nacional. Representantes del gobierno han acusado a Nicolás Maduro y a otros líderes de izquierda de estar detrás de las protestas con el fin de desestabilizar el país violentamente. La estigmatización hacia una mayoría de protestantes pacíficos y la militarización de los lugares de protesta crean un ambiente propicio para la represión estatal y el uso de fuerza desproporcionado por parte de las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones e individuos firmantes apoyan con solidaridad a las organizaciones de sociedad civil, sindicatos laborales, movimientos de mujeres, y liderazgos afrocolombianos, indígenas y del campesinado protestando hoy. Rechazamos rotundamente la represión estatal violenta en contra de protestantes pacíficos ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Las reformas laborales propuestas llevarían a los que ganan salario mínimo a mayor pobreza, a más informalidad, y al debilitamiento de sus sindicatos. Hacemos un recio llamado al gobierno de Duque a que implemente el acuerdo de paz integralmente para detener las matanzas de líderes sociales y poblaciones étnicas ya que este contiene soluciones a los orígenes de estas. Mas allá, le hacemos un pedido a las autoridades estadounidenses a que promuevan y aseguren la implementación del capítulo étnico y las provisiones de genero del acuerdo de paz, y que impulsen investigaciones sobre los recientes abusos cometidos por parte de las fuerzas armadas de Colombia, las cuales son beneficiarios de ayuda militar estadounidense y son sujetas a condicionamientos de derechos humanos.

En el presente contexto de movilizaciones masivas en varios países latinoamericanos en otros continentes, reafirmamos que los derechos a la protesta y al paro han sido y seguirán siendo derechos humanos fundamentales para construir y mantener una democracia en la mayoría del mundo.

En Colombia, aquellas personas y organizaciones que han ejercido ese derecho han sido víctimas de la represión violenta con frecuencia. Le pedimos al congreso de Estados Unidos que reafirmen su compromiso con el libre ejercicio de estos derechos y críticos a ellos que reprimen este tipo de expresiones de una democracia dinámica donde sea que ocurran.

Atentamente,

Washington Office on Latin America (WOLA)

Witness for Peace Solidarity Collective

United Steelworkers

United Food & Commercial Workers International Union

United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

UNIAFRO

The International Institute on Race, Equality, and Human Rights

The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)

Texas Fair Trade Coalition

Rainforest Action Network

OXFAM America

Ohio Fair Trade Campaign

Presbyterian Peace Fellowship

Presbyterian Church

Peace Direct

+Peace

Pleasant Hill Community Church, Eco-Justice Team

Network for Environmental & Economic Responsibility of United Church of Christ

MADRE

Latin America Working Group (LAWG)

Labor Council for Latin American Advancement

Cumberland Countians for EcoJustice

Crushing Colonialism

Coalition of Black Trade Unionists (CBTU)

American Federation of Teachers

Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL)

Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)

AFRODES USA