A pesar de que la participación de menores en el conflicto armado parecía extinguirse con el acuerdo paz, este flagelo sigue vigente. La deserción escolar de más de 400 niños en Antioquia y algunos casos aislados en el país encienden las alarmas.

La historia de Paula (*), de 13 años, parecía un caso más de deserción escolar en la vereda Cortaderal, municipio de Ituango, Antioquia. Pasó dos meses sin regresar al colegio en donde cursaba sexto grado. Sin embargo, resultó ser un caso de reclutamiento y abuso sexual cometido por las disidencias del frente 18 de las Farc. Tuvo suerte. Tropas del ejército la rescataron en medio de un combate con ese grupo criminal y la entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Aunque Paula está a salvo, otros niños como ella viven situaciones similares.Según el secretario de Educación de Antioquia, Néstor Restrepo, a principios de 2018 las veredas de Ituango registraron 5.100 estudiantes, pero al finalizar el año tenían 300 menos. “En un consejo de seguridad, una profesora informó que grupos armados se llevan reclutados a los niños, y que esa era una de las causas de deserción escolar”, explicó el funcionario.

Pero no solo ocurre en Ituango. En todo el departamento de Antioquia, 400 niños están en riesgo de convertirse en instrumentos de guerra. Por ejemplo, en el municipio de Cáceres, la Institución Educativa Monseñor Gerardo Patiño tenía 2.250 estudiantes matriculados entre 2017 y 2018, pero, de acuerdo con un profesor de la institución que prefiere no revelar su nombre por seguridad, este año solo se matricularon 1.400 alumnos. Lo que quiere decir que más del 32 % desertó.

“Es extremadamente doloroso llegar al aula de clase y que la mamá llegue al colegio a sacar los papeles del niño y diga: ‘Me lo voy a llevar porque hay orden de reclutar menores y yo no quiero que mi hijo forme parte de esto’. Se siente una impotencia tremenda porque si intervenimos directamente, nos matan”, cuenta el profesor.

También ocurre hacia el sur del departamento, en San José de Apartadó, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Después de que el Gobierno firmó el acuerdo de paz con las Farc, el municipio quedó a merced de los paramilitares. Según cuenta uno de los miembros del consejo interno de la Comunidad de Paz, en los últimos dos años creció el número de integrantes de este grupo criminal y con ello, el riesgo de reclutamiento infantil.

“Esa gente ha estado de vereda en vereda informando sus objetivos: ocupar el territorio y no permitir la presencia de otro grupo armado. En esas visitas también le ofrecen a los campesinos que se unan a ellos y a cambio les pagan un sueldo. Hoy sabemos que 50 personas se unieron a su red, de las cuales hay cinco niños a quienes tienen trabajando como informantes. Eso nos duele mucho como comunidad, porque nosotros hemos venido educando a la juventud en el respeto y el perdón”.

Foto: Semana.com

Un año peligroso para los niños

Más allá de Antioquia, los casos de reclutamiento se esparcen sin control por el país. Hay alertas en otras regiones como Chocó, Nariño, Cauca, Córdoba y Meta, según la Defensoría del Pueblo. Territorios que han liderado históricamente las estadísticas de desvinculación de menores de grupos armados. De los 6.570 niños que han salido de las filas de las grupos armados desde 1999, 2.726 corresponden a estas regiones, de acuerdo con el ICBF.

Pero eso no es todo. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) asegura que el reclutamiento infantil creció.Esta organización, que cada año monitorea las acciones que afectan a los menores de edad en el marco del conflicto armado, reveló que en 2017 se reportaron 20 casos de reclutamiento, mientras que en 2018, la cifra subió a 50. Eso, sin contar con el subregistro, ya que en este tipo de hechos la gente siente miedo y no suele denunciar.

De acuerdo con Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, las cifras crecieron, entre otras cosas, por la presencia de las disidencias de las Farc, la diversificación de actores y la continuidad del conflicto.Además, los grupos armados luchan por controlar los espacios que dejaron las Farc y que el Estado no ha ocupado. En ese sentido, “todo parece indicar que en 2019 tendremos cifras peores de las que registramos en 2018”, dice Molano.

¿Qué nos enseñó el pasado?

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica (CMH), este flagelo comenzó a aumentar a principios de la década de los noventa y llegó a su pico máximo entre 2000 y 2002, momento en que los grupos armados ilegales reclutaron cerca de 1.500 menores de edad. En esa época, cuando un niño no regresaba al colegio, el sistema educativo no sospechaba esta causa.

Antes del desmonte de las Farc, esta guerrilla desarrollaba acciones de proselitismo, en las que les prometían a los niños que podrían estudiar y además recibir algún dinero. Por su parte, los paramilitares se caracterizaban por reclutarlos exclusivamente a cambio de una suma que podía estar entre 500.000 pesos y 1.700.000 pesos.

Pero sin importar sus ideologías, todos usaron el miedo. El informe “Una guerra sin edad” del CMH, el análisis más exhaustivo realizado en el país sobre el tema, lo describió así: “Amenazas de muerte, violencia sexual, especialmente sobre niñas y adolescentes; insultos e intimidación con armas, imponiendo sus órdenes y controles sociales sobre la población civil”.

Con esa información, más los datos que por años ha recopilado el Estado sobre las zonas rojas del reclutamiento, es posible establecer en qué lugares del país los niños son vulnerables. No obstante, la guerra se sigue moviendo más rápido, pese a que la Defensoría del Pueblo, algunas secretarías de educación y organizaciones como Coalico realizan un monitoreo constante y procuran coordinar a las entidades para evitar este fenómeno.

Las eventuales estrategias de prevención corren por cuenta de la Policía o el propio Ejército, dos actores armados que, para muchos expertos como Hilda Molano, ponen en riesgo la vida y la seguridad de los menores y la comunidad educativa. “Resulta peligroso que un policía o un militar entre a una escuela a buscar información sobre los grupos armados que operan en la zona, y se promueva la denuncia sin saber si están cerca”.

Pero ni la falta de coordinación entre las instituciones para prevenir el reclutamiento ni la complejidad del tema representan una excusa para que los más vulnerables aún estén a merced de la guerra.El Estado les falló a los más de 16.879 niños reclutados por grupos armados durante 1960 y 2016, según el CNM. Y no puede cometer de nuevo ese error.

Para construir el informe “Una guerra sin edad”, el Centro de Memoria Histórica (CMH) entrevistó a 16.879 personas que entraron a los grupos armados cuando tenían menos de 18 años.De esas entrevistas, el CMH hizo público el testimonio de un hombre desvinculado del ELN, que ingresó al mismo a los 13 años: “La falta de oportunidades, la falta de educación de los padres y uno de trece años… al ver que convive con personas que tienen plata, armas, poder, pues uno se deja influenciar; y era fácil, porque también nos invitaban a reuniones”, cuenta el hombre, hoy de 33 años.

De esas entrevistas lograron establecer que reclutaban a niños entre 3 y 20 años y a niñas entre 0 y 21 años. Del total de los entrevistados, el 45,6 % sostuvo que sufrían sanciones físicas muy duras.Además, quedó claro que los niños cumplían funciones de inteligencia y mensajería, mientras las niñas hacían las labores domésticas y recibían toda clase de abusos sexuales.

(*) Nombre cambiado por seguridad

Fuente: Semana.com