Por Antonio Romero Hernández*
El futuro del desarrollo minero-energético del país requiere de articulación de políticas, atracción de inversión, seguridad jurídica, confianza de los diferentes actores, competitividad y sostenibilidad. El caso de Hidroituango abre la puerta para que se den mejoras en los proyectos venideros y se evite una situación similar.
Los acontecimientos asociados con la crisis generada en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango muestran que este tuvo un impacto no solo en lo económico, social y ambiental, sino también en la imagen y la institucionalidad del país.
El 28 de abril de 2018, cuando el proyecto –ubicado en Antioquia, a unos 170 km de Medellín, en los municipios de Briceño, Ituango y Toledo– se encontraba en el 87 % de su construcción, se registró un taponamiento parcial de la galería auxiliar de desviación, lo que desembocó en una tragedia.
Por crisis como esta, los colombianos empiezan a hacerse preguntas y a ver las responsabilidades y sus afectaciones de manera diferente. Cualquier fracaso de un megaproyecto de las cadenas minero-energéticas de un país representa una crisis en la economía, especialmente si está asociado con la energía o el desarrollo territorial.
En ese sentido, Colombia requiere un plan para articular la industria extractiva a la economía, en el que deben participar el sector privado, el Gobierno y los grupos académicos. Especialmente los gremios deben llevar la delantera y lograr una propuesta que ayude a encontrar la manera en que la industria minero-energética contribuya a los grandes problemas de la economía.
Pero para esto se deben tener en cuenta ciertos elementos que están presentes en este tipo de proyectos, como recordar que durante décadas se le ha dado poca atención a lo rural; ser conscientes de que la afectación, la distribución geográfica y la participación comunitaria han mostrado una gama de consideraciones difíciles de recolectar, analizar, diagnosticar y presentar en fórmulas de negociaciones apropiadas y sostenibles.
Otro punto clave para considerar es el potencial desplazamiento de población provocado por los proyectos o por los riesgos, como en el caso de Hidroituango. Los derrames de aceite o la ruptura de presas de relaves o residuos serán variables a tener en cuenta hoy más que antes.
Es necesario que los errores en la factibilidad de los proyectos y las malas prácticas en la operación se minimicen para garantizar la confianza tanto de los inversionistas como de todos los actores involucrados dentro y fuera del proyecto.
Por último, el papel de los medios de comunicación merece un análisis con diferentes criterios y alcances. La confrontación agresiva y no constructiva se debe evitar teniendo buenos canales de comunicación y participación desde la planeación de los proyectos camino a la ejecución, con tiempos de construcción conocidos y transparencia en los procesos.
¿Cuáles son los retos después de Hidroituango?
Estos surgen de las estrategias del desarrollo económico planteadas para la Revista Finanzas y Desarrollo(Banco Mundial, septiembre de 2014) por investigadores que han sido premio Nobel de economía.
La economía debe estar al servicio de la sociedad
Tanto Joseph E. Stiglitz, Nobel de Economía 2001, como George Akerlof, premio nobel en Ciencias Económicas, plantean que se deben fortalecer las estructuras de innovación como programa de responsabilidad social, para asegurar que la economía funcione mejor.
Además la industria extractiva nacional debe mejorar sus prácticas y comprometerse con retos de disminución del calentamiento, tanto en el control de sus emisiones como en el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. En especial, reforzar los programas de las universidades o centros de investigación en el cumplimiento de los retos nacionales.
Aumentar la demanda del entorno del proyecto
El economista estadounidense Paul Krugman hace énfasis en cuadrar el desajuste que deja la crisis y esto lleva a que la industria extractiva, además de fortalecer el empleo local, debe asegurar que la mayor cantidad de productos o insumos sean igualmente de fabricación local.
Este tipo de industria puede fomentar otras cadenas como alimentos, vestuario, servicios técnicos y de aseo, que deben provenir de unidades empresariales del territorio. Algo que a mediano plazo es menos costoso, abre las posibilidades de aumentar la capacidad productiva y con el empleo, generar demanda.
El cambio climático como variable económica
Para Robert Solow, Nobel de Economía 1987, “el mundo no tiene posibilidades de librarse de problemas económicos apremiantes en los próximos 50 años”.Entre ellos, el cambio climático, la desigualdad del ingreso y la riqueza dentro de las economías nacionales y la adaptación a las nuevas tecnologías.
En este punto es posible acelerar el ritmo de la economía colombiana, fomentando los encadenamientos que produzcan los insumos y repuestos que la industria minero-energética requiere.
Si no se pueden crear empresas nacionales, es necesario que las multinacionales o la industria extranjera de otro nivel abra en el país sucursales o franquicias que permitan fortalecer la generación de empleo y por ende la demanda de la economía.
El reto está en mejorar la competitividad con infraestructura y educación, lo que fortalece la economía local y su integración a la nacional y aún a la global.
Fortalecer las competencias y la productividad
Michael Spence, Premio Nobel de Economía en 2001 (junto con Stiglitz y Akerlof) considera la necesidad de promover el crecimiento de las economías en desarrollo. Esto con el fin de fortalecer las competencias que permitan llenar las vacantes de mano de obra altamente capacitada.
Como la industria minero-energética no puede emplear toda la mano de obra de la región, es necesaria una alianza con el Gobierno y empresarios para eliminar intermediarios entre la oferta local y el mercado nacional o global, e igualmente para generar mayor valor agregado en la región.
Cambios necesarios en el sector
Como propuesta principal es necesario adecuar la legislación a los tiempos actuales. Por ejemplo, se debe abrir espacio a las consultas públicas para proyectos mineros, petroleros y megaproyectos civiles que transformen el territorio o impliquen desplazamiento como los de generación eléctrica.
La consulta pública y la licencia social son un complemento del licenciamiento ambiental. La primera debe preceder la exploración para evitar la pérdida de recursos y esfuerzos de inversión.
Ambas deben ser muy transparentes sobre las actividades de exploración que se van a acometer y con el compromiso y la garantía del Estado que una vez se apruebe el informe de exploración y antes del montaje se realizará una licencia social con la amplia participación de las comunidades implicadas o relacionadas con el área del proyecto.
La mejor defensa de los proyectos e industrias del territorio son los estudios de factibilidad bien soportados y el respaldo de información y su transferencia a las comunidades.
La alta inversión que requieren estos proyectos exige que se garantice seguridad a quien los enfrenta, tanto los inversores como los habitantes de la zona, de tal manera que pueda realizar una buena gestión de riesgos y evitar a futuro una tragedia como la de Hidroituango, de la que fueron evacuadas en los meses posteriores más de 17.000 personas afectadas.
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Fuente: UNPeriódicoDigital