Por Gilberto Alvarado

El derecho a la información que tienen los habitantes de una comunidad hispano-parlante no debe limitarse sólo a la comunicación que entregan los medios privados, las oficinas de prensa oficiales y los medios comunitarios, sino que se le debe abrir un espacio al periodismo público.

Ese periodismo público que debe ser financiado por personas naturales y jurídicas, cuyos aportes son deducibles de impuestos, usará  los medios tradicionales, tales como la radio, la televisión, los medios impresos, el Internet, las redes sociales y las distintas plataformas electrónicas.

La condición más importante que tendrán los profesionales que trabajen para estos medios públicos es que ellos renuncian a ser los protagonistas de la información y se comprometen a informar con  equilibrio, veracidad y oportunidad[.

Los medios públicos tienen la obligación de entregar a su audiencia, información proveniente de los sectores políticos, tales como, gobierno, partidos políticos, los organismos encargados de la identidad de los ciudadanos y sistemas de elecciones, a nivel nacional, regional y local.

De igual forma, se extiende ese cubrimiento informativo a los organismos de justicia, tales como cortes y juzgados a todo nivel, fiscalía, procuraduría, contraloría, auditoría y defensoría del pueblo.

En ese sentido, el periodismo público se constituye en un mecanismo informativo de la sociedad, cuya mirada estará en las actuaciones de los funcionarios públicos, con el interés de asegurar que el dinero de los impuestos, vaya a financiar obras y servicios de bienestar general, y no de particulares.

Por su parte, la respuesta de apoyo, o rechazo de la ciudadanía, como objeto de las decisiones que permanentemente están tomando sus autoridades, será parte muy importante en el cubrimiento  informativo de los medios públicos, mediante entrevistas, y reportajes, así como el contacto con el público, en vivo y en directo,  a través del teléfono, el video o los chats interactivos.

Las oficinas de prensa de las distintas ramas del poder público, están obligadas a facilitar a los periodistas y reporteros de los medios públicos, el acceso a la información que estas produzcan diariamente, a fin de realizar un trabajo oportuno, serio y veraz.

Los profesionales de los medios públicos asumen la obligación de comportarse en forma ética, moral y de honestidad, en todas las actividades relacionadas con la recopilación, producción y entrega de sus informaciones, a través de  noticias, reportajes, entrevistas, documentales e investigaciones 

En síntesis,  el periodismo público está llamado a ser el notario de la gestión de los funcionarios que administran el país, para garantizar el acceso a los servicios públicos, a la atención en salud y educación fomento de la libre empresa y de mercado, al igual que a fomentar el bienestar  económico y social, como al respeto a la vida, la honra y los bienes de sus ciudadanos. 

El público, que es la razón principal de este amplio esquema de comunicación es el destinatario y a quien se debe, ya que lo sostiene económicamente, por lo que, será primordial, el permanente  cubrimiento informativo de su quehacer y desarrollo, económico, social, espiritual, artístico, deportivo y étnico en general.

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